La limitación de las aportaciones por parte de los cooperativistas impedirá la puesta en marcha de miles de viviendas

Es cierto que el nuevo Proyecto de Ley de Cooperativas aprobado recientemente por la Comunidad de Madrid ha repensado algunos puntos, pero creo que incorpora algunos que no son nada beneficiosos. Entre ellos, el artículo 116.2, que limita al 10% del precio de coste las aportaciones de los cooperativistas antes de la obtención de la licencia.

De esta manera, las cooperativas de viviendas no podrán comprar con sus propios fondos el suelo en el que construir sus viviendas, pues, para ello, deben hipotecarse. Pero con el mencionado límite del 10%, queda descartada la opción de recurrir a las entidades financieras porque no pueden prestar dinero a suelo. Por ende, serán los fondos inmobiliarios los que se hagan con los suelos, dejando a los cooperativistas desprotegidos y en manos de grandes tenedores. Este aspecto del proyecto de ley, si finalmente sale adelante, podría impedir que miles de viviendas puedan desarrollarse ante la imposibilidad de acceder a su financiación por parte de los cooperativistas.

Es más, las propias administraciones públicas exigen en sus concursos de suelo el pago al contado; por lo tanto, si el valor del suelo representa aproximadamente un 30% y los cooperativistas tienen una limitación en sus aportaciones del 10%, ninguna cooperativa se podrá presentar a los concursos públicos de suelo.

Como aspectos positivos que trae este Proyecto de Ley cabe destacar la entrada de nuevos agentes en la promoción del modelo cooperativista de viviendas. Me refiero a grandes firmas y promotoras de primer nivel que, sin duda, a partir de ahora, van a apostar por nuevos proyectos bajo régimen de cooperativa, extendiendo esta posibilidad y sus muchos beneficios a sus clientes.

El acceso a la compra de la vivienda debe estar garantizado por las instituciones. Pero me gustaría añadir que la ley también debe amparar a los profesionales del sector. Tal y como hemos visto en otras comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, precursora de muchas de las políticas económicas a nivel nacional, debe actualizar el precio máximo de venta para las viviendas protegidas, que no se revisa desde el 2008. Y es que el panorama ha cambiado mucho desde entonces, con la situación de inflación actual, los precios disparados y la crisis de materiales. Los promotores y constructores de vivienda no podemos ir a pérdidas, porque, irremediablemente, y si no cambian las tornas, muchas empresas quebrarán o se verán obligadas a trabajar indeseablemente al margen de la Ley si quieren sobrevivir.

Parece que nos dirigimos cada vez más hacia un modelo residencial basado en el alquiler. Estamos viendo cómo desde las administraciones, y en consonancia con lo que están haciendo otros países de Europa, se potencia esta tendencia, con la puesta en el mercado de suelos dotacionales para este fin. Sin embargo, nunca deberemos olvidar la importancia de facilitar a las familias el acceso a la compra de una vivienda, porque, de lo contrario, el modelo no podría sostenerse.

Algo que se ha venido haciendo hasta ahora y que ha demostrado real eficacia son las ayudas públicas y privadas a la compra de vivienda por parte de diferentes instituciones públicas y entidades financieras. Estas ayudas, dirigidas especialmente a jóvenes, no solo consiguen su objetivo marcado: el de facilitar el acceso a la vivienda en propiedad; sino que además garantizan seguridad económica a todas las partes. La conjunción de estas medidas, más el fomento de un parque amplio de vivienda de protección pública y el apoyo a la vivienda promovida en régimen de cooperativa, son una solución real y asequible orientada a satisfacer la necesidad de vivienda en propiedad con todas las garantías.

Precisamente, la vivienda en cooperativa supone comprar a precio de coste, lo cual ya es un ahorro considerable. Pero, además, este modelo permite (aunque cada vez menos) ciertas ventajas fiscales, así como mayor posibilidad de ahorro dado que los cooperativistas pueden ir comprando su vivienda con cuotas repartidas en el tiempo para cubrir poco a poco lo que sería la entrada de su futuro hogar; una cantidad correspondiente al 20% del precio de la vivienda y que no financian las entidades bancarias. En mi opinión, la vivienda en cooperativa está sujeta a un marco legislativo que todavía debe optimizarse mucho más.

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